El pasado jueves 4 de junio el despacho de abogados Administrativando interpuso, en nombre de la ACM, una demanda contra la convocatoria del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para cubrir, mediante personal laboral fijo, una plaza de Responsable del Área de Exposiciones, que fue publicada por Resolución de 26 de marzo de 2026 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-7651).
Como hemos trasladado de manera reiterada tanto al propio museo como a distintos responsables del Ministerio de Cultura, consideramos que las funciones asignadas al puesto (desarrollo curatorial, participación en líneas curatoriales, intervención en conservación de obras, gestión de préstamos de obras y coordinación técnica de exposiciones, entre otras) son funciones propias del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, lo que supondría una vulneración del principio de reserva funcionarial previsto en el artículo 9.2. del EBEP.
A través de ese artículo el Estatuto Básico del Empleado Público reserva en exclusiva a las funcionarias y funcionarios públicos «el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas». El mismo principio de reserva de funciones queda recogido en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que limita los puestos desempeñados por personal laboral a aquellos correspondientes a áreas de actividad que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica
para desempeñarlas.
Por todo ello, consideramos que la convocatoria de un puesto con funciones propias del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos para su cobertura por personal laboral, supone una vulneración de los derechos de los funcionarios adscritos a este cuerpo funcionarial. Ante esta situación, la ACM, que tiene entre sus finalidades fundamentales la defensa de los derechos profesionales de este cuerpo funcionarial, ha decidido, con el apoyo mayoritario de los 160 socios que la integran, interponer una demanda judicial con la esperanza de poder revertir una situación que vulnera de manera flagrante los intereses profesionales de este colectivo profesional.